domingo, 19 de diciembre de 2010

Tierras intervenidas por el INTI en Guárico están abandonadas

Calabozo. Desolación. Ese es el ambiente que se respira en los predios que han sido intervenidos por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en los municipios Miranda y Ortiz, en el estado Guárico.
Con el argumento de que las tierras presuntamente se encontraban "ociosas", "baldías", "improductivas" o que los suelos estaban "subutilizados", el INTI ha traspasado a manos del Estado más de 32.750 hectáreas en 17 fundos, que eran propiedad de productores agropecuarios de esa entidad.

Hoy casi todas esas tierras, que están bajo la administración de los organismos adscritos al Ministerio de Agricultura y Tierras, se encuentran justamente en esas condiciones: ociosas, baldías, improductivas y, además, abandonadas.

Con mucha impotencia y resignación, los ex propietarios ven que día a día se deterioran por falta de mantenimiento esas unidades de producción, que con trabajo y sacrificio labraron durante muchos años.

En principio, algunas de esas tierras "rescatadas" fueron entregadas en concesión a familias campesinas que posteriormente, ante la falta de capacidad para producir rubros agrícolas en suelos tipo V (que son aptos sólo para la ganadería) abandonaron las tierras.

En la mayorías de esas fincas intervenidas también se han registrado casos de invasiones, de las cuales muy pocas se mantienen en estos momentos.

El pago de las bienhechurías de esas fincas intervenidas es un tema tabú del que ningún funcionario quiere hablar.

Caso 1: Fundo San Luis

Al abrir la puerta de su casa, Rolando Sosa y su esposa Jeannette Montoya observan con nostalgia los predios que hasta el 29 de mayo de 2009 fueron de su propiedad. En esa fecha les notificaron por primera vez que les serían confiscadas por declaratoria de tierras "ociosas o incultas" 100 hectáreas de las 244 hectáreas que tiene el fundo. El 2 de octubre de ese mismo año, el INTI notificó la intervención de las otras 144 hectáreas, acto que fue liderado por el fallecido gobernador de Guárico, William Lara.

Durante ese proceso además de las tierras les fueron "confiscadas" las bienhechurías y los animales. Sólo les dejaron un cuarto de hectárea donde está la casa, espacio que le respetaron por ser la vivienda principal de la familia Sosa.

En el fundo se producían 300 cabezas de ganado al año, de las cuales quedan 100, pues 200 mautes murieron de hambre. Además tenían un rebaño de 25 ovejos y 17 caballos, animales que La Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara) se llevó con el compromiso de pagarlos, acuerdo que no ha sido honrado, según relató Sosa.

Hoy la finca está en franco deterioro, y los predios están a cargo de un ex trabajador del fundo. Plantaron un cultivo del que resultaron tan sólo 40 berenjenas, y construyeron 21 semilleros de los cuales sólo uno germinó. Esa producción nunca fue aprovechada y se secó.

Los pastizales se fueron deteriorando y el ganado no tiene mucho que comer. De ser animales que una vez pesaron 400 kilos hoy pesan cerca de 150.

Su esposa Jeannette señaló que antes de la primera notificación, unas personas trataron de invadir la finca, se defendieron, pero posteriormente el INTI les entregó esas primeras 100 hectáreas "a los invasores".

"Nos dijeron que todo eso pasaba a manos del Estado y que teníamos que reconocer que el Estado es el dueño de la tierra. Que hiciéramos un avalúo de todo lo que había en la finca, que eso pasaba al Estado", dijo Montoya.

Sostiene que están "en un limbo" pues a pesar de que el compromiso era pagar antes de diciembre de 2010 ningún funcionario le da respuesta a su caso. "Ya no nos atienden las llamadas, tampoco responden los mensajes".

Caso 2: Fundo Barinal

Con una producción de 500 cabezas de ganado de ceba y cría en una extensión de 944 hectáreas, fue intervenido el Hato Barinal, propiedad de Julio Campos, quien a sus 86 años todavía espera o que le paguen o que le devuelvan sus tierras.

Relató que las 544 hectáreas que le confiscó el INTI fueron repartidas entre campesinos e invasores. Indicó que en esas tierras intentaron sembrar caña de azúcar, arroz, frijol y patilla "pero eso no resultó porque esos suelos no sirven para eso; es zona ganadera".

De la que fue su finca durante más de 30 años sólo le quedaron 400 hectáreas en las que tiene 300 animales. Inicialmente tenía una producción de 500 reses pero 200 se murieron porque el caño que alimentaba la laguna de la que bebía el ganado quedó en la zona expropiada y no llegaba el agua, y por la falta de riego se fueron secando los pastizales.

Esas 400 hectáreas donde está hacinado el ganado, y otras pocas que están en manos de un ciudadano dominicano, según asegura Campos, es lo único productivo que hay en la finca Barinal. Desde la parte más alta de la finca, donde está la casa, se puede observar el estado de abandono en el que se encuentran esos predios.

La producción en manos de la administración pública ha sido unos ranchos de zinc donde habitan las personas que invadieron esas tierras.

Durante los últimos tres años Campos ha visto como el fruto del trabajo de toda una vida se ha venido abajo. A su avanzada edad no pierde la esperanza de recuperar lo que un día fue suyo. "O me pagan o me devuelven mis tierras", asegura.

Caso 3: Finca Los Carlos

Propiedad de Carlos Agudelo (segundo apellido), reconocido médico veterinario pionero de la inseminación artificial animal en Venezuela, tenía tan sólo cuatro años con esa finca en 2007. En ese período deforestó 300 hectáreas, construyó una casa principal y varios corrales donde albergaba las 800 vacas y los 400 becerros que tenía antes de que el INTI dictara medida de ocupación por ser consideradas "tierras ociosas".

De 1.200 hectáreas sólo le dejaron 300 que posteriormente fueron invadidas. Logró sacar su ganado y tuvo que repartirlo en fincas de amigos para salvarlo. Con mucho dolor relata lo duro que ha sido para él y su familia haber perdido esa finca, pues hoy están desoladas las tierras.

En esas tierras no hay nada sembrado, dicen que sembraron maíz y no creció. Actualmente sólo un rancho deshabitado y una casa de bloques donde vive una familia, relata.

Asegura que la finca tiene suelos de ripio (mezcla de arena y piedra) que tienen una alta cantidad de aluminio y hierro que no son aptos para producir rubros agrícolas.

Nunca le hablaron de pagar las bienhechurías. "Ellos me ofrecieron una negociación de que esa finca quedaba libre y que por vía legal les donara el resto de la tierra, que yo se las diera", relató.

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