El "Socialismo del siglo XXI" es la aventura política más costosa que ha tenido el país. No sólo por el grave daño que le está infligiendo a la economía al destruir el aparato productivo público y privado, sino también por el costo financiero que representa para la República la imposición de un modelo político que, en lo interno, pretende convertir al Estado-Gobierno en el gran monopolista de todas las actividades de la sociedad, y en lo externo, promover el socialismo bolivariano como modelo alternativo frente al capitalismo.
Un proyecto hegemónico de esta naturaleza demanda gastos ilimitados que conducen a una dinámica de voracidad fiscal en la cual los ingresos siempre serán insuficientes para financiar la revolución.
En la práctica, el Gobierno ejecuta dos presupuestos de gastos: uno formal, correspondiente al aprobado en la Ley de Presupuesto del año con sus respectivas modificaciones (créditos adicionales); y otro cuasifiscal, con manejo absolutamente discrecional financiado con Fondos paralelos (Fonden, Bandes, Fondo Chino, etc.). A través de estos dos instrumentos, el Gobierno ha dispuesto de los ingresos más grandes de toda la historia de Venezuela (más de 900 mil millones de dólares en doce años), resultando insuficientes para financiar la orgía de gastos internos y externos del gobierno revolucionario.
Un claro ejemplo de ello es que el gasto del Gobierno Central que en 1998 representó el 21,4% del PIB saltó a 24,2% en promedio entre 1999-2003 y a 26,7% entre 2004-2009, sin contabilizar el gasto extrapresupuestario financiado con los mencionados fondos.
En el período 1999-2010, los ingresos no alcanzaron para financiar el gasto en nueve de esos años, sólo en uno se alcanzó equilibrio (2006) y apenas en dos hubo superávit (2005 y 2007). Como consecuencia de esta voracidad fiscal, el Gobierno entró en una dinámica perversa de endeudamiento público incrementando la deuda total de 30.484 millones de dólares en 1998 a más de 100 mil millones de dólares en 2010, destacando la deuda contraída por Pdvsa por más de 25 mil millones de dólares.
MÉTODOS POCO TRANSPARENTES El financiamiento de los déficit comenzó con la contratación de deuda en el mercado interno e internacional; siguió con la extracción de recursos a Pdvsa asignándole el financiamiento de programas sociales (misiones) y actividades comerciales ajenas al objetivo empresarial de la misma; continuó con la modificación de la Ley del BCV para tomar parte de las reservas internacionales que pertenecen a la nación y quedarse con un monto mayor de los ingresos por exportación de Pdvsa y, finalmente, ante la brecha cada vez mayor entre las necesidades de gastos de la revolución y la disponibilidad de recursos, el Gobierno ha decidido financiarse directamente con el BCV y obtener recursos mediante el esquema de venta a futuro de petróleo (Fondo Chino), aluminio y hierro.
Pero si estas últimas modalidades de financiamiento son cuestionables por la falta de transparencia y por hipotecar al país, la venta que hizo el Gobierno del 22% de la participación de Pdvsa en la refinería Alemana de Ruhr Oel, al gobierno de Rusia, constituye una clara política de liquidación de activos del patrimonio de la República, sin que tan osada decisión haya sido consultada con los venezolanos. Esta situación evidencia una grave crisis en las finanzas del Ejecutivo, cuya magnitud real es desconocida dada la falta de transparencia en el manejo de la política de ingresos y gastos públicos.
Igualmente evidencia un manejo ineficiente y caótico de los recursos públicos siendo este un componente importante en el origen de la crisis económica.
La voracidad fiscal contrasta con los pobres resultados en obras, como lo evidencia el colapso de la infraestructura del país y el elevado déficit de viviendas.
Un proyecto hegemónico de esta naturaleza demanda gastos ilimitados que conducen a una dinámica de voracidad fiscal en la cual los ingresos siempre serán insuficientes para financiar la revolución.
En la práctica, el Gobierno ejecuta dos presupuestos de gastos: uno formal, correspondiente al aprobado en la Ley de Presupuesto del año con sus respectivas modificaciones (créditos adicionales); y otro cuasifiscal, con manejo absolutamente discrecional financiado con Fondos paralelos (Fonden, Bandes, Fondo Chino, etc.). A través de estos dos instrumentos, el Gobierno ha dispuesto de los ingresos más grandes de toda la historia de Venezuela (más de 900 mil millones de dólares en doce años), resultando insuficientes para financiar la orgía de gastos internos y externos del gobierno revolucionario.
Un claro ejemplo de ello es que el gasto del Gobierno Central que en 1998 representó el 21,4% del PIB saltó a 24,2% en promedio entre 1999-2003 y a 26,7% entre 2004-2009, sin contabilizar el gasto extrapresupuestario financiado con los mencionados fondos.
En el período 1999-2010, los ingresos no alcanzaron para financiar el gasto en nueve de esos años, sólo en uno se alcanzó equilibrio (2006) y apenas en dos hubo superávit (2005 y 2007). Como consecuencia de esta voracidad fiscal, el Gobierno entró en una dinámica perversa de endeudamiento público incrementando la deuda total de 30.484 millones de dólares en 1998 a más de 100 mil millones de dólares en 2010, destacando la deuda contraída por Pdvsa por más de 25 mil millones de dólares.
MÉTODOS POCO TRANSPARENTES El financiamiento de los déficit comenzó con la contratación de deuda en el mercado interno e internacional; siguió con la extracción de recursos a Pdvsa asignándole el financiamiento de programas sociales (misiones) y actividades comerciales ajenas al objetivo empresarial de la misma; continuó con la modificación de la Ley del BCV para tomar parte de las reservas internacionales que pertenecen a la nación y quedarse con un monto mayor de los ingresos por exportación de Pdvsa y, finalmente, ante la brecha cada vez mayor entre las necesidades de gastos de la revolución y la disponibilidad de recursos, el Gobierno ha decidido financiarse directamente con el BCV y obtener recursos mediante el esquema de venta a futuro de petróleo (Fondo Chino), aluminio y hierro.
Pero si estas últimas modalidades de financiamiento son cuestionables por la falta de transparencia y por hipotecar al país, la venta que hizo el Gobierno del 22% de la participación de Pdvsa en la refinería Alemana de Ruhr Oel, al gobierno de Rusia, constituye una clara política de liquidación de activos del patrimonio de la República, sin que tan osada decisión haya sido consultada con los venezolanos. Esta situación evidencia una grave crisis en las finanzas del Ejecutivo, cuya magnitud real es desconocida dada la falta de transparencia en el manejo de la política de ingresos y gastos públicos.
Igualmente evidencia un manejo ineficiente y caótico de los recursos públicos siendo este un componente importante en el origen de la crisis económica.
La voracidad fiscal contrasta con los pobres resultados en obras, como lo evidencia el colapso de la infraestructura del país y el elevado déficit de viviendas.
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