Vladimir Villegas, opina en su columna de este martes, sobre las recientes expropiaciones y estafas inmobiliarias por parte del gobierno venezolano. Para el columnista, ‘en el tema de la vivienda, este gobierno ha batido records de fracasos. En 11 años se ha incrementado el déficit habitacional’.
Las expropiaciones de varios complejos habitacionales ocurren en medio de iniciativas similares, en distintos ámbitos, como parte de una estrategia de fortalecer la presencia del Estado en la economía del país y de impulsar, a fin de cuentas, un modelo de capitalismo de Estado que pretende ser bautizado con el nombre de socialismo.
Venezuela ha tenido sus picos privatizadores y sus picos estatizantes, y en ninguno de esos extremos ha salido bien parado el ciudadano común.
Seguimos básicamente amarrados al pesado yunque de la inflación, al lastre del rentismo petrolero y a la falta de un verdadero plan de desarrollo que nos conduzca en un plazo decente a una economía realmente productiva.
En cuanto al tema de la vivienda, este gobierno ha batido records de fracasos. En 11 años se ha incrementado el déficit habitacional. Y cada ministro que sucede al anterior promete lo que no puede cumplir. Allí han rodado hasta los delfines más cercanos al líder.Por lo tanto, hasta ahora sólo hay nuevas promesas y el deseo de que algún día el sueño de una vivienda deje de ser tan remoto como el de ganarse el Kino. Y ahí entonces abordamos el asunto de las estafas inmobiliarias, que han tenido varias modalidades a lo largo de los últimos 20 años.
En mis tiempos de parlamentario, a inicios de la década pasada, el viejo Congreso Nacional recibió numerosas denuncias contra constructoras que no sólo fijaban condiciones realmente leoninas, sino que prácticamente convertían en rehenes a los ilusionados compradores.
La dupla integrada por la banca y las constructoras impusieron, lo recuerdo muy bien, los llamados créditos balón, fórmula mediante la cual se legalizaba de hecho e incluso de derecho a la usura contra indefensos ciudadanos que en no pocas ocasiones terminaban rindiéndose ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos, y perdían el chivo y el mecate.
A eso se sumó luego lo que hoy sigue siendo un dolor de cabeza para los aspirantes a propietarios. No sólo no se cumplían los lapsos de entrega, sino que cada cierto tiempo los infelices no-propietarios recibían terroríficas comunicaciones mediante las cuales se les informaba que debían cancelar cuotas extraordinarias en vista de los incrementos de los precios de los materiales de construcción y otras variables.
Aquí se unen dos elementos. Uno, el hecho cierto de que no todos los constructores actúan de manera inescrupulosa, pero sí hay los lo han hecho y, salvo prueba en contrario que no conozco, bajo la mirada complaciente y el silencio de los gremios de la construcción. Y dos, que el Estado ha sido negligente en el control de estas irregularidades.
De hecho, el pago del Índice de Precios al Consumidor fue permitido durante mucho tiempo en este gobierno.
En cuanto a las expropiaciones, no se puede tapar una negligencia y una falta de aplicación de sanciones y correctivos con expropiaciones que, además de tener un tufo electorero, no resuelven el problema de fondo y empeoran el ya deteriorado clima económico.
La estafa inmobiliaria existe, y si lo dudan lean el artículo del domingo escrito en Últimas Noticias por la colega Luz Mely Reyes, quien es otra víctima más.
Pero la estafa inmobiliaria no es el problema principal. Lo principal es la falta de planes para la construcción masiva de viviendas, y la renuencia del Gobierno para promover alianzas con el sector de la construcción para el logro de ese objetivo.
El antídoto, además del peso de la ley, no es otro que el incremento exponencial de la oferta habitacional. Lo demás es fuego artificial.
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