Precedentes Este no es el primer caso en el que a alguien le dictan confinamiento al municipio Sifontes, capital Tumeremo. En la década de los 80, entre 1986 y 1989, a Víctor González, dueño de un semanario, El Espectador de Guayana, también lo confinaron al municipio Sifontes porque el entonces gobernador del estado Bolívar, René Silva Idrogo, aplicando la ley de Vagos y Maleantes del año 52, lo puso preso en la cárcel de El Dorado y la diputada en esa época Pastora Medina logró la conversión de la pena por confinamiento en Tumeremo.
En aquella ocasión, la medida se tomó porque el mandatario regional se sintió ofendido por algunas cosas que anunció el director que publicaría en la edición siguiente. CC El TSJ también dictó como pena accesoria la inhabilitación política de Chancellor No es el primer caso en el cual dictan confinamiento al municipio Sifontes Carmen Carrillo
Especial para Emen
Ciudad Guayana. Con el estado Bolívar por cárcel, específicamente el municipio Sifontes, capital Tumeremo, y después de más de cuatro años, al fin Carlos Chancellor, alcalde electo del municipio Sifontes, abandonó ayer martes en la mañana la sede de Patrulleros de Caroní, donde cumplía una condena de siete años, 22 días y 12 horas por agavillamiento, instigación a delinquir, generación de pánico y zozobra, cierre de vía pública, malversación genérica de fondos, entre otros delitos.
Además de Chancellor, el más feliz era Saúl Cordero, comisario jefe de este cuerpo policial municipal, quien llegó con la boleta de excarcelación, se la entregó y le dijo: "Toma vete ya, no te quiero tener más aquí".
De allí el dirigente político de la Causa R, de Patria Para Todos (PPT) y alguna vez afecto al oficialismo fue enviado en la patrulla número 044 de este cuerpo policial hasta la sede del Palacio de Justicia en Ciudad Guayana.
Allí fue impuesto de la decisión emitida por la jueza Elena Diciocio, del Tribunal Segundo de Ejecución, que establece la conversión de lo que resta de la pena por confinamiento en el municipio Sifontes.
Los hechos
Como se recordará, los días 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2005, se realizó una protesta pública en la llamada troncal 10 con el cierre de la vía. Los mineros del pueblo San Isidro protestaban frente a la sede de Crystallex, que manejaba la concesión aurífera de Las Cristinas desde septiembre de 2002 y hasta la fecha no había iniciado operaciones de explotación y muchos menos había cumplido con las condiciones sociales que le habían impuesto el gobierno, a través de Francisco Rangel Gómez, en ese entonces ministro-presidente de la CVG.
Carlos Chancellor, junto con William Saud, ambos dirigentes sindicales y políticos y para ese entonces prochavistas, y cinco personas más, entre ellas, Norman Márquez, Carmen Devia, William Álvarez y Pedro Pérez Pinto, estaban al frente de la protesta, que significó el cierre durante todos esos días de la vía que lleva a Brasil.
Imputados
En aquella ocasión, la acusación contra todos ellos fue interpuesta por los fiscales 8° nacional y 2° de la jurisdicción, Mery Gómez y Robert Mujica, respectivamente, además del fiscal con carácter itinerante, Gilberto Romero.
A través de un tribunal itinerante dirigido por Omar Duque, se les dictó una medida judicial a todos los imputados, que recibieron el beneficio de una medida cautelar con presentación cada 15 días, pero la Fiscalía del estado Bolívar apeló y, en 2005, Carlos Chancellor fue detenido y no fue sino hasta 2009 cuando otro juez itinerante, Andrés Mora (juez octavo), dictó la medida de siete años, 22 días y 12 horas de cárcel para Chancellor y seis años para William Saud.
Especial para Emen
Ciudad Guayana. Con el estado Bolívar por cárcel, específicamente el municipio Sifontes, capital Tumeremo, y después de más de cuatro años, al fin Carlos Chancellor, alcalde electo del municipio Sifontes, abandonó ayer martes en la mañana la sede de Patrulleros de Caroní, donde cumplía una condena de siete años, 22 días y 12 horas por agavillamiento, instigación a delinquir, generación de pánico y zozobra, cierre de vía pública, malversación genérica de fondos, entre otros delitos.
Además de Chancellor, el más feliz era Saúl Cordero, comisario jefe de este cuerpo policial municipal, quien llegó con la boleta de excarcelación, se la entregó y le dijo: "Toma vete ya, no te quiero tener más aquí".
De allí el dirigente político de la Causa R, de Patria Para Todos (PPT) y alguna vez afecto al oficialismo fue enviado en la patrulla número 044 de este cuerpo policial hasta la sede del Palacio de Justicia en Ciudad Guayana.
Allí fue impuesto de la decisión emitida por la jueza Elena Diciocio, del Tribunal Segundo de Ejecución, que establece la conversión de lo que resta de la pena por confinamiento en el municipio Sifontes.
Los hechos
Como se recordará, los días 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2005, se realizó una protesta pública en la llamada troncal 10 con el cierre de la vía. Los mineros del pueblo San Isidro protestaban frente a la sede de Crystallex, que manejaba la concesión aurífera de Las Cristinas desde septiembre de 2002 y hasta la fecha no había iniciado operaciones de explotación y muchos menos había cumplido con las condiciones sociales que le habían impuesto el gobierno, a través de Francisco Rangel Gómez, en ese entonces ministro-presidente de la CVG.
Carlos Chancellor, junto con William Saud, ambos dirigentes sindicales y políticos y para ese entonces prochavistas, y cinco personas más, entre ellas, Norman Márquez, Carmen Devia, William Álvarez y Pedro Pérez Pinto, estaban al frente de la protesta, que significó el cierre durante todos esos días de la vía que lleva a Brasil.
Imputados
En aquella ocasión, la acusación contra todos ellos fue interpuesta por los fiscales 8° nacional y 2° de la jurisdicción, Mery Gómez y Robert Mujica, respectivamente, además del fiscal con carácter itinerante, Gilberto Romero.
A través de un tribunal itinerante dirigido por Omar Duque, se les dictó una medida judicial a todos los imputados, que recibieron el beneficio de una medida cautelar con presentación cada 15 días, pero la Fiscalía del estado Bolívar apeló y, en 2005, Carlos Chancellor fue detenido y no fue sino hasta 2009 cuando otro juez itinerante, Andrés Mora (juez octavo), dictó la medida de siete años, 22 días y 12 horas de cárcel para Chancellor y seis años para William Saud.
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