El ex alcalde del municipio Sifontes, del estado Bolívar, afirmó que es "un preso político" y tomó la decisión de protestar ante el nuevo juicio que se realizará en su contra. Advirtió que se violan sus derechos.
"Me considero un preso político, y a partir del lunes me declaro en resistencia civil y en huelga de hambre", destacó el ex alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor.
"Tomo la decisión como consecuencia de lo que viene siendo una violación flagrante de todos los beneficios que por ley me corresponden", confirmó en relación con la huelga de hambre que comenzará a tempranas horas del día lunes 21 de marzo.
"Estoy tomando esta decisión seria y extrema debido a que no tengo esperanza de que se respeten mis derechos, se reconozcan mis argumentos y se admitan las pruebas que introduzca la defensa", alegó el dirigente.
Considera que el "General Rangel Gómez (gobernador del estado Bolívar), y el Presidente Chávez están detrás de todo esto".
Afirmó que no tienen excusas para tenerlo más tiempo detenido después de haber cumplido más del 90% de la condena.
Considera que hace un año debió haber salido en libertad bajo régimen de presentación; sin embargo, ese beneficio se le niega permanentemente.
Señaló que existe la "intención del gobierno nacional de imponerme nuevas acusaciones, las cuales desconozco".
Aseguró que su traslado a la Fiscalía el día de ayer se hizo de manera ilegal. "El tribunal que está encargado de seguir el caso era el responsable de emitir una orden para el traslado a la fiscalía y eso no ocurrió. La orden fue emitida directamente por la Fiscalía".
"Las denuncias que se introducen contra mí proceden con una rapidez increíble", dijo el ex alcalde.
Mientra se realizaba el juicio se produjo una irregularidad. Al momento de llegar a las conclusiones, el juez encargado de la causa Andrés Mora, a petición de la defensa, revisó los delitos por los cuales se le estaba procesando. Observaron que siete de los 11 delitos no estaban imputados y ordenó el retiro de los mismos.
Chancellor estima que esos delitos que fueron retirados pueden ser los que actualmente se le quieren imponer para evitar que reciba los beneficios por haber cumplido más del 50% de la pena.
Han transcurrido 7 años desde que ocurrieron los hechos en rechazo a las medidas tomadas por la empresa Crystallex International Corporation. Lo que se produjo allí, fue una "protesta minera masiva ante los atropellos de esa empresa, una reacción ante una serie de acciones atropelladoras", destacó.
Ve con claridad que "no se haga justicia" en el nuevo caso que se le intenta imputar. "Existe una violación del debido proceso, no estuvieron presentes mis abogados porque fueron notificados en horas de la tarde del miércoles, y me trasladaron el jueves en la mañana y ellos ya tenían otros compromisos que cumplir", aseveró.
El ex alcalde de Sifontes fue sentenciado a 7 años y 22 días de prisión, condena que cumple en la sede de Patrulleros del Caroní, donde también estuvieron detenidos los dirigentes Rubén González y William Saud.
"Tomo la decisión como consecuencia de lo que viene siendo una violación flagrante de todos los beneficios que por ley me corresponden", confirmó en relación con la huelga de hambre que comenzará a tempranas horas del día lunes 21 de marzo.
"Estoy tomando esta decisión seria y extrema debido a que no tengo esperanza de que se respeten mis derechos, se reconozcan mis argumentos y se admitan las pruebas que introduzca la defensa", alegó el dirigente.
Considera que el "General Rangel Gómez (gobernador del estado Bolívar), y el Presidente Chávez están detrás de todo esto".
Afirmó que no tienen excusas para tenerlo más tiempo detenido después de haber cumplido más del 90% de la condena.
Considera que hace un año debió haber salido en libertad bajo régimen de presentación; sin embargo, ese beneficio se le niega permanentemente.
Señaló que existe la "intención del gobierno nacional de imponerme nuevas acusaciones, las cuales desconozco".
Aseguró que su traslado a la Fiscalía el día de ayer se hizo de manera ilegal. "El tribunal que está encargado de seguir el caso era el responsable de emitir una orden para el traslado a la fiscalía y eso no ocurrió. La orden fue emitida directamente por la Fiscalía".
"Las denuncias que se introducen contra mí proceden con una rapidez increíble", dijo el ex alcalde.
Mientra se realizaba el juicio se produjo una irregularidad. Al momento de llegar a las conclusiones, el juez encargado de la causa Andrés Mora, a petición de la defensa, revisó los delitos por los cuales se le estaba procesando. Observaron que siete de los 11 delitos no estaban imputados y ordenó el retiro de los mismos.
Chancellor estima que esos delitos que fueron retirados pueden ser los que actualmente se le quieren imponer para evitar que reciba los beneficios por haber cumplido más del 50% de la pena.
Han transcurrido 7 años desde que ocurrieron los hechos en rechazo a las medidas tomadas por la empresa Crystallex International Corporation. Lo que se produjo allí, fue una "protesta minera masiva ante los atropellos de esa empresa, una reacción ante una serie de acciones atropelladoras", destacó.
Ve con claridad que "no se haga justicia" en el nuevo caso que se le intenta imputar. "Existe una violación del debido proceso, no estuvieron presentes mis abogados porque fueron notificados en horas de la tarde del miércoles, y me trasladaron el jueves en la mañana y ellos ya tenían otros compromisos que cumplir", aseveró.
El ex alcalde de Sifontes fue sentenciado a 7 años y 22 días de prisión, condena que cumple en la sede de Patrulleros del Caroní, donde también estuvieron detenidos los dirigentes Rubén González y William Saud.
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