El Consejo Federal de Gobierno realizado en Caracas para analizar el tema de la inseguridad, fue un saludo a la bandera porque el Ejecutivo Nacional demostró una vez más que no tiene la voluntad para concertar soluciones en beneficio de la mayoría del país, menospreciando los planteamientos serios que fueron hechos por los gobernadores electos por voluntad popular.
Así lo expresó el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, al explicar en rueda de prensa, con periodistas de medios nacionales y regionales, sus propuestas para un Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención.
El mandatario larense estuvo acompañado por los diputados a la Asamblea Nacional, Ismael García y Miguel Pizarro, de Podemos; el diputado por el estado Barinas Julio César Reyes, el secretario general del partido Patria Para Todos, José Albornoz y dirigentes nacionales de la tolda azul, entre ellos, Simón Calzadilla, Wílmer Iglesias, William Rodríguez y Gustavo Hernández.
Al responder a las inquietudes periodísticas sobre una eventual candidatura presidencial por el PPT, Henri Falcón dijo que la organización analiza diversos escenarios, pero “nunca seré un factor disonante” en la concertación necesaria para lograr la unidad superior entre los factores políticos alternativos.
Anunció un encuentro de los gobernadores de Amazonas, Miranda, Táchira, Carabobo, Zulia, Nueva Esparta, Lara y el alcalde mayor de Caracas, el próximo 10 de marzo en la capital del país.
“Este gobierno no tiene un plan nacional de seguridad y por eso consignamos en el Consejo Federal de Gobierno este conjunto de propuestas que espero sean tomadas en cuenta y se deje a un lado la politiquería”.
Destacó que parte del fracaso en la implementación de una política pública en el ámbito de la seguridad obedece a las decisiones centralizadas e inconsultas del gobierno nacional, desvinculadas de las realidades de cada región; sumado a la politización en materia de seguridad que ha venido excluyendo aquellas regiones donde el gobernador o alcalde representan a tendencias políticas distintas del gobierno actual.
Recomendó reformular el Dispositivo Bicentenario de Seguridad, por considerar que su implementación atiende los efectos y no las causas de la inseguridad. “En Lara el Dibise fracasó”. En su lugar, propone, se debe construir un Plan Nacional de Seguridad con la participación real de los tres niveles de gobierno que enfoque el problema de manera estructural, y en tal sentido, debe ser atendido en forma integral.
Mencionó entre sus propuestas la activación de los Consejos Estadales y los Consejos Consultivos de Seguridad. El primero, presidido por el Gobernador, y con la participación obligatoria, inexcusable e indelegable de alcaldes, presidente del circuito judicial, defensora del pueblo, fiscal superior y todos los directores de los organismos de seguridad. El segundo, como un órgano permanente de consulta, análisis y formulación de iniciativas, propuestas y programas en materia de seguridad ciudadana.
También sugirió la actualización del marco jurídico con las reformas de los códigos penales, las leyes que regulan la comisión de delitos y faltas así como la reforma del sistema penitenciario.
Como prioritario comentó la ejecución de un plan nacional de desarme para disminuir el índice de mortalidad causado por armas de fuego. Al respecto presentó un proyecto de reforma de ley para establecer la prohibición del porte de armas durante un lapso no menor de seis meses, la destrucción de armas incautadas, la entrega voluntaria de armas –con mediación de la iglesia- y la incautación de todas aquellas que sean utilizadas de manera ilegal.
Presentó igualmente un proyecto de reforma parcial de la ley del estatuto de la función policial para simplificar los procedimientos de depuración de los cuerpos de policía en un plazo máximo de 30 días y para eliminar las restricciones impuestas a los gobernadores y alcaldes en el régimen de beneficios socioeconómicos de los funcionarios policiales.
La tercera propuesta de reforma legal consignada fue el proyecto de modificación parcial de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional para la participación y control de los gobernadores y alcaldes en los procedimientos disciplinarios e intervención de los cuerpos policiales respectivos.
El gobernador larense resaltó la modernización de los cuerpos policiales de acuerdo con la nueva Ley de Policía Nacional, así como lo relativo a la dignificación de la vida del funcionario policial. “Es necesario homologar los sueldos y salarios de las policías estadales y municipales con la escala nacional y la propuesta de garantizar que en los desarrollos urbanísticos alrededor del 10% de los créditos habitacionales estén dirigidos a estos funcionarios”.
Reactivar los peajes
El gobernador Henri Falcón recomendó al gobierno nacional restablecer los peajes en las autopistas para permitir la captación de recursos por parte de las gobernaciones para ejecutar Planes de Seguridad Vial y de esta manera disminuir accidentes de tránsito, así como los robos y atracos en las vías.
Para combatir el delito del secuestro propuso conformar un comando unificado.
Entre las propuestas del gobernador larense también se incluyen algunas iniciativas para minimizar el robo y hurto de vehículos con la colocación de dispositivos de ubicación geográfica; organizar y controlar a los trabajadores motorizados y el monitoreo de hechos delictivos en las unidades de transporte público; “así mismo planteamos la necesidad de implementar plataformas tecnológicas que brinden servicios de tele vigilancia en sectores de alta concentración de personas o vehículos”.
Nos deben 200 millones
El gobierno nacional le adeuda al estado Lara más de 200 millones de bolívares por concepto del situado constitucional, informó Henri Falcón, al cuestionar el retraso constante en la entrega de recursos a las regiones.
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